viviendas Protección Pública

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha a partir de esta semana las primeras viviendas dotadas de Protección Pública para Arrendamiento (VPPA), que construirá próximamente en la Sierra Norte madrileña. Así lo ha anunciado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, durante su visita a la Feria de la Sierra Norte que se ha celebrado este fin de semana en Venturada.

Pérez ha señalado que serán varios los municipios de la Sierra Norte que se podrán beneficiar de la puesta en marcha de este medio centenar de viviendas sociales, que se ubicarán en los municipios de Berzosa de Lozoya, La Hiruela, Horcajo de la Sierra, Madarcos, Patones, Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Robregordo, y Cabanillas de la Sierra. En el caso de los municipios de Patones, La Hiruela y Puentes Viejas, las obras de construcción se iniciarán a partir de la semana que viene.

«Estas futuras viviendas tienen dos objetivos fundamentales: por una parte, impulsar el arraigo en estos municipios de la Sierra Norte y que forma parte de la Estrategia para Revitalizar los Municipios Rurales de la región y permitir el acceso a la vivienda a precios competitivos para los jóvenes», ha explicado el consejero.

El Plan Vive permitirá poner en el mercado 25.000 viviendas en los próximos 8 años a precios asequibles mediante la colaboración público-privada, al tiempo que generará seguridad jurídica en el ámbito de la promoción.

Nuevo servicio de asistencia ténica

David Pérez ha dado a conocer otra importante medida del Ejecutivo regional para los municipios pequeños, como es la creación de un Servicio de Asistencia Técnica (S. A. T.) a municipios de menos de 1.000 habitantes.

Esta asistencia técnica se desarrollará en los servicios de secretaría e intervención, así como en la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica. En casos puntuales y de forma eventual, se podrían extender estos servicios a municipios con mayor población.

Esta medida del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso forma parte de la Estrategia para Revitalizar los Municipios Rurales de la región y evitar su despoblamiento. Una iniciativa integrada inicialmente por 60 medidas y dotada con 130 millones de euros, cuyo objetivo es ir incrementando nuevas medidas que sirvan para atraer y arraigar a la población joven en 78 municipios madrileños con menos de 2.500 habitantes.

Los municipios de menos de 1.000 habitantes -los más afectados por el despoblamiento rural- tienen una creciente dificultad en la provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Dadas las importantes funciones que corresponden a estos puestos, su falta de cobertura provoca la paralización de la gestión administrativa municipal y esto repercute gravemente en el servicio público.

El funcionamiento del Servicio de Asistencia Técnica

El Servicio de Asistencia Técnica publicará próximamente una Resolución de clasificación de los puestos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Una vez se produzca, se procederá a la provisión temporal de estos puestos, por lo que podrían estar en funcionamiento en un plazo aproximado de 30 días.

El Servicio de Asistencia Técnica contará en principio con dos puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que, dependientes de la Comunidad de Madrid, puedan desplazarse a los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes cuyos puestos de secretaría e intervención se encuentren vacantes para la asistencia a los plenos municipales, ejerciendo las funciones que corresponden a dichos funcionarios (fe pública, asesoramiento legal preceptivo y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria,  así como contabilidad, tesorería y recaudación).

Las funciones del Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T.) se desarrollarán fundamentalmente desde la sede de la Dirección General de Administración Local (C/ Alcalá Galiano, 4), y se complementará la asistencia con el apoyo y asesoramiento a los municipios de menor capacidad, mediante la elaboración de informes, modelos de expedientes y la respuesta a todo tipo de consultas en materia de régimen jurídico local que se planteen para una adecuada gestión municipal.

La puesta en marcha dará respuesta inicial a las necesidades más urgentes de los municipios y podría incrementarse ante una demanda creciente en la medida que la Comunidad de Madrid disponga de medios materiales y de personal que lo hagan posible.